Un informe cubano que debatirá este miércoles la Asamblea General de las Naciones Unidas representa el más contundente argumento sobre la permanencia y el carácter genocida del bloqueo de Estados Unidos a la Isla.

Aunque durante 17 años consecutivos la más alta instancia de la ONU ha aprobado los informes de Cuba sobre el desarrollo y aplicación del asedio estadounidense, en esta ocasión el documento demuestra la ausencia de cualquier cambio en ese aspecto por parte de Washington.

El documento aclara que el actual gobierno de Estados Unidos continuó aplicando, durante los últimos 12 meses, el bloqueo contra Cuba con absoluto e inclemente rigor.

No se ha anunciado y mucho menos emprendido acción alguna para desmontar el complejo entramado de leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales y las regulaciones del bloqueo, señala.

El problema fundamental es que ni siquiera fueron modificados los fundamentos sobre los cuales se rige esa política, como fácilmente lo demuestra un análisis de las legislaciones y regulaciones vigentes sobre las cuales se sostiene.

Entre ellas, resalta la famosa Ley de Comercio con el Enemigo, promulgada como una medida de guerra en 1917 para prohibir el comercio con toda nación considerada hostil, la cual se aplica rigurosamente a Cuba a pesar de la inexistencia de algún conflicto armado con ella.

No menos expeditiva, en este caso, es la denominada Ley de Asistencia Exterior que, al referirse a la nación bloqueada, no sólo declara el embargo total sobre el comercio bilateral pues, además, prohibe el otorgamiento de ayuda de cualquier tipo a Cuba.

Párrafo aparte merece la Ley para la Democracia Cubana, más conocida como Ley Torricelli, que desde 1992 fue base para la extraterritorialidad del bloqueo, ante la desesperación de la Casa Blanca por no haber podido doblegar al Estado rebelde.

Con ella, se desconoció la soberanía y autodeterminación de otros países en lo referente al comercio con Cuba y se llegó a aplicar sanciones a los barcos de cualquier nación que se atrevieran a tocar puertos cubanos.

Continuando esa misma línea está la Ley Helms-Burton que niega la entrada a Estados Unidos de los ejecutivos de empresas extranjeras y aún de sus familiares si éstas osan vender aunque sea aspirinas para aliviar el dolor de cabeza a algún cubano.

Todas ellas se mencionan en el informe cubano a la ONU, el cual deja claro que ninguna ha sido siquiera ligeramente modificada por la nueva administración.