El tema del bloqueo de Estados Unidos a Cuba destaca en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas para la semana próxima, cuando los países miembros votarán una nueva resolución contra ese asedio.

El análisis está señalado para el miércoles como parte del punto 19 del programa de trabajo del máximo órgano de la ONU bajo el título "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

Será el décimo octavo año consecutivo en que el plenario de la Asamblea debate sobre el cerco norteamericano a la isla caribeña y se da por descontado que, una vez más, el proyecto de resolución presentado será adoptado por una abrumadora mayoría.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Prensa Latina que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, participará en la sesión del miércoles.

La propuesta de resolución que circula en la ONU reitera la exhortación a todos los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas de esa clase en cumplimiento de la Carta de la ONU y del derecho internacional, los cuales, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación.

Asimismo, advierte que continúa la promulgación y aplicación de nuevas normas dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo y expresa preocupación por los efectos negativos de esas disposiciones sobre la población cubana y los nacionales de Cuba residentes en otros países.

El texto reitera el llamamiento a los Estados en los que existen y se aplican esas regulaciones a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto.

Igualmente incluye un nuevo análisis del tema en el programa provisional de su sexagésimo quinto período de sesiones, el próximo año.

En su parte inicial, el proyecto contra el bloqueo reafirma, entre otros, los principios de igualdad soberana de los Estados, no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y libertad de comercio y navegación internacionales.

También recuerda declaraciones de las cumbres iberoamericanas relativas a la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten al libre desarrollo del comercio internacional.

Asimismo, expresa preocupación ante la promulgación y aplicación de leyes y disposiciones como la llamada Helms-Burton, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, los intereses legítimos de entidades o personas y la libertad de comercio y navegación.

Al respecto, hace mención a las 17 resoluciones aprobadas por la Asamblea General cada año desde 1992 a 2008 y a las declaraciones y acuerdos de distintos foros intergubernamentales, órganos y gobiernos en rechazo a la promulgación y aplicación de medidas de ese tipo.