El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras confirmó para hoy su primera marcha de este año en demanda de la restitución del orden constitucional roto por los militares en junio pasado.

Dirigentes del Frente indicaron que durante la manifestación rechazarán los intentos del gobierno de facto de sacar a la nación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).

El líder campesino Rafael Alegría apuntó que otros de los objetivos de la demostración es exigir el cese de las violaciones a los derechos humanos y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Alegría recordó que el ALBA, a la cual se adhirió el país durante el mandato de Zelaya, propició la aplicación en Honduras de planes de beneficio social y económico a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Añadió que promovió planes de lucha contra el analfabetismo, mejoras en los sistemas de salud, entrega de fondos para el desarrollo y acceso a combustibles en condiciones favorables de pago, entre otras ventajas.

El gobierno de facto que asumió con la asonada militar del 28 de junio acordó el pasado 15 de diciembre denunciar el tratado con el ALBA, suscrito el 25 de agosto de 2008, y el tema será debatido por el Parlamento la semana próxima.

Tras el derrocamiento de Zelaya, Honduras fue suspendida del ALBA al igual que de otros organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

La marcha de este jueves, de carácter nacional, tendrá lugar a 20 días de la toma de posesión del presidente electo en las cuestionadas elecciones del 29 de noviembre pasado, el conservador Porfirio Lobo.

El Frente, surgido el mismo día del golpe, desconoce los resultados de los comicios y exhortó a la resistencia a mantener la lucha pacífica hasta lograr la refundación de Honduras mediante una constituyente.

Esa vasta alianza de fuerzas populares acusa a Lobo y su Partido Nacional de estar entre los principales auspiciadores de la asonada castrense.

La marcha coincide con la decisión del ministerio Público de solicitar un requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia contra la cúpula militar por abuso de poder y la expatriación de Zelaya.

El estadista advirtió en declaraciones a la prensa desde la embajada de Brasil, donde se encuentra desde septiembre pasado, que el recurso de los fiscales es un intento de lanzar un manto sobre lo ocurrido el 28 de junio.

Zelaya aseguró que tanto el ministerio Público como la Corte Suprema y el Congreso Nacional conspiraron con los militares para dar juntos el golpe de estado.